El Estado no debe tratar de establecer especificaciones que limiten la creatividad de los equipos de desarrolladores y abogados. Debe acompañar la dinámica de creación o los medios de inversión.
Siguiendo el ejemplo de las sociedades de participación libre creadas por la llamada ley Macron en agosto de 2015, con el fin de asociar a inversores y fondos de inversión en PYME en buena gobernanza e inspiradas en las sociedades comanditarias de derecho anglosajón, podría concebirse un mecanismo flexible de asociación privada/pública con presencia del Estado para desarrollar la tecnología jurídica.
Base tecnológica compartida de Legal Tech
Suministro de las herramientas existentes bajo "licencia legaltech
A cambio de la inversión del Estado, las empresas de tecnología legal se comprometerían a licenciar su creación de forma recíproca. Establecería el principio de un reparto de los bienes comunes reservado a los miembros de una comunidad, en condiciones que dependen de las aportaciones de cada uno, con un principio general de concesión de la licencia al Estado para las necesidades del servicio público digital de la Justicia.
Esta licencia, que es la base para la constitución de la base común de aplicaciones y su gobernanza, tendría dos restricciones:
- La primera sería que sólo los Estados serían beneficiarios de la licencia. Sería una especie de licencia de información pública inversa, en la que las empresas privadas pondrían sus tecnologías/datos a disposición de los Estados. Así pues, esta apertura también permitiría a los Estados extranjeros beneficiarse de las inversiones del Estado francés, con el fin de integrar las herramientas de la tecnología jurídica francesa en sus sistemas.
- La segunda restricción sería que las empresas francesas de tecnología jurídica conservarían su derecho a adaptarse. Así pues, los Estados se verían obligados, para adaptar las tecnologías francesas a sus procedimientos y limitaciones nacionales, a recurrir a los servicios de juristas franceses.
Por un desarrollo combinado de la administración y la economía digitales
La inversión estatal en el sector privado crearía así un procomún de justicia digital, a través de una fructífera colaboración entre los sectores público y privado para una justicia más rápida, eficiente y equitativa.
